La seguridad vial en la empresa es mucho más que una obligación legal: es una inversión en bienestar, productividad y reputación. En un entorno laboral donde los desplazamientos forman parte del día a día, evaluar y mejorar la seguridad vial debería ser una prioridad estratégica. ¿Sabes si tu empresa está realmente preparada para afrontar este reto? Descubre las 5 claves que te ayudarán a evaluarlo y las herramientas que pueden marcar la diferencia.

Alquilar un coche durante las vacaciones de verano es una solución práctica y flexible para muchos conductores, especialmente cuando se viaja a otra ciudad o país. Sin embargo, también es una fuente común de conflictos: cargos inesperados, multas injustas, averías o incluso problemas legales que requieren el apoyo de abogados especializados.

Me planteo esta pregunta porque tengo la sensación de que estamos en una especie de aletargamiento en la lucha contra los siniestros viales y la reducción de víctimas en nuestras ciudades y carreteras. Observo por ejemplo como la comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados está prácticamente inactiva. 

En el entorno empresarial actual, la seguridad vial se ha convertido en una prioridad estratégica para cualquier organización que valore la protección de sus empleados y la optimización de recursos. Los cursos de conducción segura para empresas no solo ayudan a reducir la siniestralidad laboral, sino que también aportan beneficios directos en términos de ahorro de costes, mejora de la productividad y refuerzo de la imagen corporativa. 

El Ayuntamiento de Madrid tendrá que revocar miles de multas de tráfico notificadas en 2024 debido a un fallo técnico en su sistema de gestión administrativa. Este incidente ha afectado directamente a ciudadanos que presentaron alegaciones, recursos o solicitudes de identificación del conductor dentro de plazo… y que nunca obtuvieron respuesta.

El 20 de mayo de 2025 ha entrado en vigor el nuevo Reglamento de Extranjería en España, tras su publicación en noviembre de 2024 mediante el Real Decreto 1155/2024. Esta reforma supone una de las actualizaciones más relevantes de los últimos años, orientada a modernizar los procedimientos de residencia, facilitar la integración y adaptar la normativa a la realidad social y económica actual del país.