Madrid a 15 de octubre de 2012. El Comisariado Europeo del Automóvil, considera que la medida anunciada por el Ministerio de Justicia es impopular y discriminatoria. Las consecuencias de la aplicación del aumento y extensión de las tasas judiciales, que están previstas aplicar por parte de este Ministerio a principios del próximo año, supondrán una gran vulneración al derecho a la defensa por parte de los ciudadanos, pues supone crear una auténtica barrera de entrada a la Justicia.

El anteproyecto de Ley por el que se revisan las tasas judiciales vigentes desde 2002 y reguladas por la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social tiene un claro afán recaudatorio y, al mismo tiempo, desanimará en muchos casos a que se haga uso de la Justicia, lo que se traduce en un recorte real de derechos y garantías.

El caso de los recursos contencioso-administrativos de multas de tráfico

Si el anteproyecto se aprobase en los términos que ha dispuesto el Gobierno, en el tema concreto de las sanciones de tráfico, los recursos contenciosos administrativos que se estimaran viables podrían perder en interés económico si la cuantía del litigio fuera inferior al importe de la tasa y los jueces, en caso de estimar el recurso, no condenaran a la Administración a la devolución del importe de la tasa pagada; si bien es cierto que algunos jueces en la actualidad sí están actuando así.

Doble pago por uso de la Justicia

A pesar de que desde el Ministerio de Ruíz Gallardón argumentan que esta subida de tasas es necesaria para poder sufragar los gastos que genera el mantenimiento y uso de la Justicia gratuita, CEA cree que esta razón no es justificable ya que es a través de los impuestos de los ciudadanos, y por tanto de financiación pública, cómo se obtienen los ingresos para su buen funcionamiento. Por tanto, con esta medida estaríamos asistiendo ante un “doble pago” por un mismo servicio público.

En concreto, el aumento de las tasas judiciales incide en mayor medida en la apelación -sube 500 euros- y en la casación -600 euros- de lo Civil y lo Contencioso-Administrativo; y en la suplicación -500 euros- y en la casación -750 euros- del orden Social.

La actualización deriva del coste que implica la actividad procesal, el IPC acumulado en la década en la que se lleva aplicando la tasa y el órgano jurisdiccional al que se acude.

Medida discriminatoria: se crea una barrera de entrada a la Justicia.

Desde CEA se tacha de discriminatoria esta reforma porque va a afectar básicamente a las clases medias, para las que la subida de las tasas va a suponer una barrera de entrada a la Justicia, que serán las que tengan que sustentar este gasto puesto que el anteproyecto establece que las nuevas tasas van a afectar a todas las personas físicas y jurídicas (exceptuando aquellos que por no disponer de medios tienen derecho a la justicia gratuita). La Administración Pública queda exenta de este pago.

Vulneración de un derecho fundamental

Esta medida supone que en un gran número de ocasiones los ciudadanos van a preferir no hacer uso de la Justicia para causas que consideren “menores” y en las que no “interese” el retorno económico que puedan obtener con tal de no tener que hacer el aporte inicial de las tasas por el uso del servicio de la Justicia dado que a pesar de que la sentencia sea favorable no habrá devolución de las tasas lo que supone un gasto extra.

CEA ve esta reforma como una vulneración de un derecho fundamental como es el derecho del libre acceso a la Justicia, pues se trata de una medida que ahuyenta al ciudadano a la interposición de recursos, pese a que se tenga la certeza de estar en posesión de la razón.